jueves, septiembre 17, 2026
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Abogada ingresó a la cárcel a cumplir condena efectiva de tres años por estafa

Está imputada por operaciones para apropiarse de $121 millones del municipio de Tierra Amarilla.

El Juzgado de Garantía de Copiapó ordenó el ingresó a la cárcel de la abogada Elizabeth Macarena Poblete, quien tenía una orden de detención vigente.

En enero el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó la condenó como autora del delito de estafa a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a una multa de veintiuna unidades tributarias mensuales.

El caso por el que fue investigada, se remonta al año 2020 luego que el Juzgado de Garantía de Copiapó, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, decretó la medida cautelar real de retención de 121 millones de pesos, disponiendo que Municipalidad de Tierra Amarilla hiciera retención del dinero correspondiente al Proyecto “Instalación de viviendas prefabricadas de varios sectores de Tierra Amarilla”.

Medida de resguardo que oportunamente fue notificada al imputado Luis Gajardo Abarca en su calidad de director de Administración y Finanzas del este municipio, quien también fue condenado en la misma causa.

Según acreditó la Fiscalía, tres días después de la audiencia en que se decretó la retención del dinero, la abogada Elizabeth Poblete Astudillo y un tercero actualmente fallecido, idearon y llevaron a cabo un mecanismo jurídico destinado a recuperar de manera ilícita los fondos mediante la simulación de una deuda y el desarrollo de un juicio ejecutivo posterior, maquinación fraudulenta que perjudicó el erario público mediante el error en que hicieron incurrir a los jueces de los Juzgados de Letras de Copiapó, luego que se ocultaran los antecedentes referidos a la existencia de la mencionada medida cautelar.

Para ello, además presentando además una escritura pública ideológicamente falsa con un reconocimiento de deuda inexistente, dado por supuestos créditos obtenidos en el comercio local, con el único objetivo de hacerse de un título ejecutivo, que les permitiera embargar los fondos cautelados, utilizando e instrumentalizando la judicatura civil haciéndola entrar en contradicción con la penal.

Fuente: https://www.soychile.cl/