Titular del MINVU en Atacama explica con detalles las razones de la inviabilidad de este proyecto habitacional, haciendo un llamado a la responsabilidad en la entrega de información a las familias involucradas y a la comunidad.

 

Frente a la publicación hecha por un medio de prensa escrito de circulación regional, que informa sobre un recurso de protección interpuesto en contra del Seremi Minvu, Rodrigo Ocaranza Salomón, por familias de la comuna de Tierra Amarilla con el patrocinio del Sr. Jorge Brito, abogado del municipio de esta comuna, fue el mismo titular de esta cartera quien quiso aclarar de inmediato la situación y de esta forma dar por zanjado los rumores que pudiesen circular al respecto.

En la ocasión, Ocaranza fue enfático en señalar que a la fecha no hemos sido notificados sobre ningún recurso de protección y que cuando eso suceda se harán los descargos y procedimientos necesarios para responder a quien corresponda, puntualizando que “las declaraciones emitidas por el Sr. Brito carecen de objetividad y derechamente faltan a la verdad, aludiendo a una falta de voluntad política que no es tal, ya que la viabilidad de este y de cualquier otro proyecto de esta envergadura que se emplace en zona rural, no depende de voluntades o criterios personales de este Seremi, sino muy por el contrario de evaluaciones de múltiples servicios públicos que se han pronunciado respecto a temas medioambientales y de fraccionamiento del proyecto.

Sobre la situación particular del proyecto habitacional “La Florida”, el Seremi explicó que “corresponde en realidad a cuatro proyectos habitacionales que superan las 800 unidades de vivienda, proyectos que fueron ingresados en estas oficinas en mayo 2016 para evaluación y aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que es la autorización de construcciones en área rural.

Según el análisis técnico de estas iniciativas, continuó el titular del Minvu en Atacama, pudo verificarse que se trataba de un solo proyecto de más de 800 viviendas, y considerando que su desarrollo está planteado en zona rural, específicamente en terrenos ubicados en una zona saturada por anhídrido sulfuroso (emanado de la Fundición Hernán Videla Lira), es que responsablemente consultamos a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para conocer el pronunciamiento de este organismo, que finalmente es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Esta investigación, explicó Ocaranza, arrojó como resultado la fragmentación de un proyecto habitacional de gran envergadura en cuatro proyectos menores con el objetivo de eludir el ingreso de este proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conducta expresamente prohibida en la normativa ambiental.

Finalmente, la Superintendencia de Medio Ambiente investigó la situación, encontrando faltas graves en la iniciativa; formulando cargos a los representantes legales de las sociedades titulares de los cuatro proyectos habitacionales; quienes para evitar sanciones al respecto, presentaron un “programa de cumplimiento” que incluía el desistimiento por parte de las empresas interesadas, desistiendo además de continuar con la solicitud de informes favorables que permitan construir con fines ajenos a la agricultura, que es la actual condición de este terreno por estar ubicado en zona rural.

Dentro de las medidas dispuestas por la Superintendencia de Medio Ambiente está la solicitud expresa a la Seremi MINVU de abstenerse de otorgar permisos o autorizaciones relativos a dichos proyectos, en tanto no se acredite su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la obtención de la respectiva resolución de calificación ambiental, puntualizó Rodrigo Ocaranza.

Si a esta indicación, agregó la autoridad, sumamos además el informe del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura y también el de Salud, donde igualmente no recomiendan la instalación de viviendas en este lugar por temas de seguridad y contaminación medioambiental -que no garantizan el bienestar de las familias-, es que no podemos hacer oídos sordos ni ser irresponsables frente a la vida y la salud de las personas. “Decir que estos servicios, al igual que ENAMI aprueban la construcción de viviendas en este sector es absolutamente falso; tan falso como indicar que se encuentra aprobado el cambio de uso de suelo. Así de claro y categórico”, dijo Ocaranza, quien hizo un llamado a la responsabilidad en la entrega de información, sobre todo cuando se utilizan argumentos que faltan a la verdad y que lo único que hacen es confundir a las familias.

Como servicio, recalcó Ocaranza, estamos tranquilos porque hemos hecho todas las consultas necesarias a todos los organismos competentes para velar por el buen vivir de las familias, ya que “el MINVU no construye solamente casas. Construye barrios, construye ciudad y construye calidad de vida. La responsabilidad de las condiciones de vida de estas familias pasa también por nuestras manos y no seremos irresponsables ni populistas en esta decisión, existiendo toda la voluntad de nuestra parte para trabajar proyectos habitacionales en terrenos habilitados en esta comuna”, añadiendo que “nos llama la atención la insistencia por construir en este terreno en particular, haciendo un llamado a las familias a comprender la situación y a buscar en conjunto una solución al tema. A la fecha no ha existido una presentación formal de las familias con necesidad de vivienda en la comuna de Tierra Amarilla, información que hemos solicitado en más de una oportunidad al municipio sin tener respuesta favorable. Aquí la voluntad está. No hacemos ni haremos oídos sordos frente a esta situación, tanto así que hasta la misma Ministra Saball en reunión con estas familias comprometió un estudio que dimensionara la factibilidad de construir viviendas sociales en el sitio en cuestión, informe que entrega la misma recomendación de no construir viviendas allí, ya que no es posible asegurar la salud y la no exposición de la población a elementos contaminantes. Todo esto mientras no exista el correspondiente estudio de impacto ambiental que demuestre lo contrario”.

Este informe, finalizó el Seremi Ocaranza, está siendo distribuido a los comités habitacionales involucrados en la disyuntiva, para conocimiento, existiendo –reitero- siempre la voluntad y el profesionalismo de buscar en conjunto la mejor solución a la necesidad de vivienda de estas familias.

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