La Fiscalía logró determinar que en el año 2012, el ex director de administración y finanzas del municipio intervino en licitaciones que fueron adjudicadas a una empresa de la cual era socio, la sanción establece además la imposibilidad de ejercer cargos públicos por 10 años.

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La Fiscalía de Atacama obtuvo una sentencia condenatoria contra un ex funcionario de la Municipalidad de Tierra Amarilla, de quien se investigaron tres delitos de carácter económico que causaron un perjuicio fiscal superior a los 50 millones de pesos.

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Los hechos comenzaron a indagarse en 2012 por parte del actual fiscal Regional, Alexis Rogat, a partir de un informe de Contraloría que estableció la irregular actuación del director de administración y finanzas del municipio, Eric Chou Neyra, en los procesos de licitaciones analizados.

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La investigación de la Fiscalía en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, contó con los antecedentes aportados por la propia Contraloría y la actuación del Consejo de Defensa del Estado como parte querellante.

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En ella se pudo establecer que el condenado tomó acciones directas en los llamados a licitación para la ejecución de obras de instalación eléctrica, mejoramiento del estadio municipal e instalación de cableado y puntos de red municipal. Asignando los trabajos a una empresa de la cual Chou Neyra tenía participación como socio.

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El fiscal Luis Miranda, comentó que “en el proceso de investigación la Fiscalía pudo establecer que el condenado en su calidad de director de administración y finanzas del señalado municipio, participó directamente en la suscripción de los contratos”, además el fiscal presentó los antecedentes a una audiencia de juicio abreviado.

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A partir de los antecedentes reunidos, en el año 2016 se presentó una acusación en contra del ex funcionario municipal, que no pudo continuar su curso judicial, ya que el imputado no concurrió a las audiencias puesto que estuvo prófugo por casi un año. Chou Neyra fue detenido y formalizado por los tres casos, desarrollándose finalmente la audiencia en la que el ex funcionario municipal fue declarado culpable del delito reiterado de negociación incompatible.

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De esta manera, el Tribunal lo condenó a una pena de cuatro años de presidio, sanción sustituida por la libertad vigilada intensiva, el pago de una multa de cinco millones de pesos y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 10 años. Con respecto al monto total de los perjuicios económicos, la investigación continuará en la justicia civil por parte del Consejo de Defensa del Estado.

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Fuente: soychile.cl/Copiapo