Fueron cerca de seis meses de investigación parar aclarar qué ocurría con las licitaciones en Tierra Amarilla. Desde escuchas telefónicas hasta videos permitieron la detención del alcalde (s) de Tierra Amarilla que es acusado de liderar una banda para defraudar el municipio.

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Faltaban cinco minutos para las 14 horas del jueves 11 de junio del presente año y los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Copiapó (Bridec) se encontraban apostados en un vehículo estacionado en un pasaje aledaño al edificio Los Gobernantes, ubicado en pleno centro de Copiapó, es en este lugar donde captaron una imagen que delató el modo de operar de los funcionarios del municipio de Tierra Amarilla con contratistas y defraudar a la casa consistorial.

Los lentes de las cámaras de los efectivos policiales registraban los pasos parsimoniosos de quien era el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de la Municipalidad de Tierra Amarilla, quien en compañía del representante legal de la empresa Isafer, caminaba al encuentro de su jefe. Al interior del edificio estaba el alcalde (s) de Tierra Amarilla, Mario Morales (PS), quien -según la indagatoria policial- esperaba al funcionario municipal y al contratista para recibir $3 millones 400 mil, en lo que fue definido por la Fiscalía como una “coima” a cambio de favorecer a Isafer y otorgarles la adjudicación en una licitación que tenía como objeto mejorar las instalaciones de un establecimiento educacional de la comuna minera.

De esa forma los agentes confirmaron lo que ya venían sospechando luego de escuchar las conversaciones telefónicas efectuadas entre los imputados, quienes se pusieron de acuerdo para ese día y a esa hora hacer entrega del dinero a Morales, conocido también como “Nino”, “El del más allá” o “el cogote de almeja”.

Según información de la PDI, este sería sólo uno de los hechos que forma parte de la extensa carpeta investigativa, la cual fue expuesta en el Juzgado de Garantía por el fiscal Anticorrupción de la Fiscalía Local de Copiapó, Luis Miranda, en la audiencia de formalización de cargos, la que finalizó con la prisión preventiva del alcalde Morales, siete funcionarios públicos, un ex empleado municipal, tres contratistas privados y el arresto domiciliario de un cuarto empresario. Todos -según la investigación de la PDI y la Fiscalía- forman parte de una compleja red de corrupción organizada para defraudar al fisco, provocando un desfalco de más de $100 millones.

 

Día de la Elección del alcalde suplente (captura Atacama Noticias)

Día de la Elección del alcalde suplente (captura Atacama Noticias)

EL ELEGIDO
En agosto de 2017, la Municipalidad de Tierra Amarilla se vio en la encrucijada de elegir a la persona que debía manejar las riendas de la comuna, tras un fallo judicial que obligó a salir del cargo al alcalde titular hasta ese entonces Osvaldo Delgado, quien fue condenado por injurias graves con publicidad y también formalizado por fraude al Fisco.

Para muchos esta era una oportunidad de terminar con la corrupción. El Concejo Municipal decidía que Mario Morales era una de las cartas para transformarse en jefe comunal de una localidad ubicada a 15 kilómetros de Copiapó, con una población de 14 mil habitantes aproximadamente y cuya principal actividad económica es la minería, que reúne el 40% de los proyectos de Atacama, con operaciones de la envergadura de Minera Candelaria, mineras Caserones, Atacama Kozan o Pucobre, entre otras.

El ex concejal Morales fue elegido por casi la unanimidad de los integrantes del Concejo Municipal, señalando por esos días que se trataba de una gran responsabilidad asumir como alcalde, y dijo ante los medios de comunicación que “su administración será una municipalidad transparente, una municipalidad abierta a la comunidad donde el primer objetivo sea la comunidad”.

 

OPERACIÓN PUREZA
Por otra parte y luego de dos años y medio de gestión del alcalde Morales, la Fiscalía junto a la PDI iniciaron una indagatoria en febrero pasado, obteniendo antecedentes preliminares relacionados a posibles adjudicaciones de contratos de forma irregular en la Municipalidad de Tierra Amarilla.

“Se recibió una orden amplia de investigar por parte de la Fiscalía, a fin de esclarecer presuntas irregularidades al interior del Municipio, por lo que se efectuó una serie de diligencias investigativas, se hizo un análisis de profundo de la información obtenida a través de la incautación de documentos y equipos computacionales, complementando aquello con declaraciones de testigos e imputados, lo que se contrastó con antecedentes rescatados de interceptaciones telefónicas”, señaló el jefe de la Bridec Copiapó, subprefecto Marco Lepe.

Junto a lo anterior -recalca el jefe policial- la policía civil realizó vigilancias, seguimientos y puntos fijos en diversos sectores de Tierra Amarilla y Copiapó, pudiendo observar el supuesto modo de operar del alcalde Morales y sus colaboradores, quienes constantemente mantenían reuniones con cuatro contratistas, quienes tenían intereses creados en diversas licitaciones, las cuales finalmente se adjudicaron para beneficio de toda la estructura delictual.
“Luego de un trabajo de más de cinco meses, pudimos establecer de forma fehaciente que funcionarios municipales se coludieron con los contratistas imputados para que estos se adjudicaran contratos millonarios, a los cuales le agregaron sobreprecios y manipularon las bases de evaluación en sus porcentajes, a fin de que ese dinero tuviera como destino el patrimonio personal del jefe comunal y sus colaboradores a través de coimas”, dijo el subprefecto Lepe.

Según la indagatoria esta práctica se venía repitiendo desde al menos finales de 2018, comprometiendo gravemente la función pública y el patrimonio municipal.

EL FIN DEL NEGOCIO
El caso más llamativo corresponde a unos de los contratistas imputados de 48 años, un empleado técnico de Enami, conocido de la imputada de 49 años, encargada de proyectos de la Municipalidad de Tierra Amarilla, sin experiencia formal en el rubro de construcción ni de obras públicas, sin maquinarias, sin registro previo en Mercado Público y sin un giro adecuado ni compatible con la actividad de contratista, antecedentes conocidos por el alcalde Morales y sus presuntos cómplices, quienes en diciembre de 2018, lo contactaron y acordaron con el referido contratista un negocio común, consistente en adjudicarle contratos municipales de obras públicas solicitando a cambio que éste les pagara valores aproximados al 10% del valor del contrato, lo que finalmente ocurrió.

Ese solo fue el puntapié inicial para echar a andar la empresa fraudulenta, cuyo mecanismo delictual de defraudación se concretó en los proyectos “Mejoramiento y Construcción de Bandejón Central Acceso Norte”, “Mejoramiento y Construcción Plazoleta Jardín Botánico Alto Meléndez”, “Instalación Pasto Parque Rafael Torreblanca” y “Ampliación Parque Rafael Torreblanca”. Además de una asignación vía trato directo para la sanitización de calles y espacios públicos de la comuna producto de la actual pandemia.

Todos proyectos cuyas bases fueron adulteradas y acomodadas por los funcionarios municipales para ajustarse a los contratistas involucrados en la defraudación. El negocio finalmente fue desarticulado por la Fiscalía y la PDI la madrugada del miércoles 29 de julio, cuando medio centenar de detectives, encabezados por personal de la Bridec Copiapó, llegaron hasta las casas de los 13 imputados, quienes fueron detenidos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, negociación incompatible y obstrucción a la investigación, terminando de esa forma con la estructura delictual que -como lo denominó el abogado del Consejo de Defensa del Estado en la audiencia de formalización- prácticamente saqueó las arcas municipales.

Para el jefe de la Bridec de Copiapó, la labor policial aún se mantiene en pleno desarrollo tras los primeros pasos en la judicialización de la investigación. “El Juzgado de Garantía determinó un plazo de 120 días para investigar, tiempo en el que tanto la PDI como la Fiscalía continuarán desarrollando diligencias que permitan esclarecer totalmente los hechos. Hechos qué claramente minan la fe pública y generan un enorme daño a la comunidad de Tierra Amarilla”.

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Fuente: Diario Atacama / Pamela Vásquez Fuentes

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