La educación pública de nuestro país está en crisis y pareciera ser que hoy solo el movimiento estudiantil tiene voluntad política de querer revertir esto. Nuestros colegios y escuelas llevan más de 30 años en el más pleno desamparo por parte del Estado, acrecentando no solo la desigualdad educativa entre ricos y pobres, sino también destruyendo las relaciones entre los estamentos educativos.

Municipios con ínfimos recursos para solventar todos los gastos vinculados al ámbito educacional como lo es la municipalidad de Camiña, donde prácticamente todo su presupuesto local lo recibe por parte del fondo común municipal. Sus escuelas y único liceo figuran dentro de las instituciones educativas con peor desempeño académico del país y menos del 5% de los estudiantes que egresan de la enseñanza media cursan una carrera de educación superior. En la vereda opuesta están las municipalidades más ricas de Chile, como lo son la de Vitacura, Santiago, Las Condes y Providencia. Por ejemplo, de acuerdo a los resultados de la P.S.U. 2016, 30 colegios de los 100 mejores de Chile pertenecen solo a estas 4 comunas y más del 90% de los estudiantes que egresan de 4to medio estudian en la educación superior.

No es solo algo de voluntad querer mejorar la calidad de nuestra educación, para hacerlo es necesario recursos que se destinen a mejorar la infraestructura, la docencia, la vida en comunidad, el cambio en nuestra forma de dictar las clases, incorporando las tic´s que tanto influyen, de acuerdo a estudios internacionales, en la formación de nuestros estudiantes.

No podemos dejar a merced de autoridades locales el derecho a educarse y que este vaya mutando y sufriendo amputaciones cada vez que exista un cambio en la administración municipal. El derecho a recibir una educación que forme seres humanos íntegros, preparados para vivir en sociedad con todas las herramientas posibles, con pensamiento crítico, cívico y con adaptabilidad a los cambios que una sociedad sufre por su dinamismo propio, es deber único y exclusivo del Estado, ni siquiera debe responder a un gobierno de turno. El derecho que poseen todos nuestros niños y jóvenes de poder educarse con las más optimas condiciones es una tarea que debe asumir el Estado y este tiene que generar todas las condiciones para que ningún ser humano quede fuera del sistema educativo o reciba una enseñanza deplorable, como hoy la reciben cientos de miles de estudiantes.

El exigir la desmunicipalización de la educación pública no es una demanda antojadiza, sino que responde a una realidad que se vive en nuestro país. La educación pública se desmorona año a año, de hecho su matrícula actualmente es del 36%, muy por lejos del 85% de la OCDE, del cual Chile es parte desde el 2010.

De acuerdo a los resultados dados por el MINEDUC que guardan relación con el desempeño Simce 2016, de los 20 mejores colegios de nuestro país solo 3 son municipales. En el año 2006 los colegios particulares superaban en 109 puntos a los municipales en la prueba SIMCE, en 2016 su separación se acrecentó en un punto llegando a los 110 puntos.

Otra medición que nos arroja la desigualdad brutal que existe en nuestro modelo educativo es la P.SU. De acuerdo a los resultados por colegio entregados por Demre, este año nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el Colegio del Verbo Divino, cuya mensualidad es de $443.500, excluyendo su cuota de incorporación de $2.600.000, posee un promedio P.S.U. de 643,3 puntos. Mientras que, por ejemplo, el colegio Tecnológico de Copiapó, técnico municipal con vulnerabilidad social sobre el 80%, posee un promedio P.S.U. de 417,6 puntos. Como vemos son más de 220 puntos de diferencia entre ambos recintos educacionales.

La municipalización de la educación pública no fue azarosa por parte de la dictadura militar, sino que respondió a los intereses de la clase dominante. El despojar al pueblo de la herramienta más poderosa para cambiar tanto su realidad personal como social, es clave para la mantención del sistema de privilegios de unos pocos. La dictadura al municipalizar la educación no solo hacia desentenderse al Estado de una de las más importantes responsabilidad que posee este, sino que provocó la destrucción total de nuestra educación pública. Hoy es la derecha y los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría que obstaculizan el avance de una de las reformas más ambiciosas de las últimas 3 décadas, el proyecto de nueva educación pública que mandata al Estado a hacerse cargo de este derecho social después de, casi, 40 años.

La creación de 68 servicios locales, que incluyen a todos los estamentos educativos a la hora de trabajar el proyecto educacional: padres, madres, apoderados, centros de estudiantes, alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, rectores de universidades, nutrirán a esta nueva forma de desarrollar el trabajo del sistema público. Mayor descentralización de los organismos centrales que dará respuestas más rápidas a los problemas que aquejan a las comunidades escolares. Pero hoy vemos que este proyecto se está cercenando en la comisión de educación del Senado, en donde se ha pactado un acuerdo entre la Nueva Mayoría y la derecha para impedir que este proyecto salga tal cual lo requiere y demanda el movimiento estudiantil.

Los estudiantes nos hemos movilizado desde hace décadas en contra de la municipalización de la educación pública, debido a que esta genera desigualdad, inequidad y perpetuación del sistema hegemónico. Es por eso y más que no permitiremos que esta oportunidad histórica de poder cambiar nuestra educación sea obstaculizada o frenada por parte de los poderosos. El movimiento estudiantil está decidido a luchar en todos los espacios para impedir que este pacto consensuado entre cuatro paredes avance.

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Enrique Soto Guerrero

Estudiante de periodismo UAH