TIERRA AMARILLA. En una empresa que presta servicios había familiares del alcalde.

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Un informe de la Contraloría General de la República efectuado a la Corporación Municipal de Fomento de Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo de Tierra Amarilla (Cordeta) cuestiona los gastos del organismo y su constitución.

El periodo de análisis se extiende desde el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2016. Respecto a su conformación, en el documento se señala que el alcalde y otros funcionarios municipales integran el directorio de la corporación municipal, algo que no debía ocurrir ya que “no resulta procedente por no existir disposición normativa alguna que faculte para integrar en esa calidad, corporaciones de derecho privado”, dice el documento.

Agrega que “si existen personas que integren una corporación y conservan la calidad de funcionario de la municipalidad respectiva, tal como acontece con don Osvaldo Delgado, alcalde, Jaime Bahamondes Cabrera, administrador municipal, Luis Gajardo, director de administración y finanzas, dicha entidad no puede recibir aportes o subvenciones de esta, ni obtener ningún tipo de beneficio económico (…) porque de lo contrario se produciría un conflicto de interés”, señala el informe.

FAMILIARES
Otro de los cuestionamientos es que Bernarda Flores Quevedo, quien en ese periodo se desempeñaba como la secretaria ejecutiva de la Cordeta, es sobrina del alcalde de la comuna.

La Cordeta contrató a la empresa Likar Spa, para “la prestación de servicios generales de aseo, seguridad, apoyo técnico y soporte informático por el plazo de 10 meses a contar del 1 de marzo de 2016 por la suma de $214.000.000, IVA incluido, el que se paga en forma mensual por $21.400.000”.

Según el informe, sobre Likar Spa se conocieron “los contratos de 12 personas que en total reciben la suma de $6.830.480 y la empresa $21.400.000”.

El dueño de la sociedad, según el documento, es miembro de la Cordeta y la mayoría de las personas contratadas por esta empresa para realizar los servicios corresponden a parientes del alcalde y de doña Bernarda Flores, quien en esa época era la secretaria ejecutiva del organismo. Los parientes eran nueve personas, entre ellos el padre de Flores Quevedo, además de sobrinos, cuñados y tíos del alcalde.

Respecto a este contrato con la empresa Likar SPA, por el cual se pagó $64.200.000 se deberá informar a la Contraloría en un plazo no superior a 60 días, ya que según el organismo estos servicios no corresponden “a acciones que vayan en favor de los habitantes de la comuna y el municipio aportante no recibe beneficio alguno”, se indica en el texto.

Además, se constató que 17 personeros municipales prestaban servicios de apoyo a Corporación Municipal. Según la Contraloría, “no procede que se destine personal municipal a prestar servicios en una institución ajena a algún servicio o entidad que integre la administración del Estado”.

TRANSFERENCIAS 

Otro de los puntos es que se constató es que el municipio aprobó convenios de transferencias de fondos por $111.298.609 en total para los programas: Tierra Amarilla disfruta el verano, Carnaval del Pullay y Renacer Cultural de Tierra Amarilla. Sin embargo, según el informe de Contraloría “no consta el acuerdo del concejo municipal para otorgar los aportes para la realización de los programas respectivos”.

También hubo transferencias a la corporación por la suma total de $150.000.000 y según el informe “no consta que el concejo municipal haya dado su acuerdo de dichos aportes para gastos propios de la corporación municipal, como tampoco se advirtió la existencia de un decreto alcaldicio que lo aprobara”.

MUNICIPALIDAD 
Al ser consultados respecto al tema, desde el área de comunicaciones de la municipalidad se informó que “aún se encuentra pendiente el plazo legal de respuesta municipal a las indagaciones realizadas por parte de la Contraloría. Por lo tanto, una vez que las defensas municipales sean emitidas, esto es, durante marzo, conjuntamente dichas respuestas serán de uso público y derivadas a los medios de comunicación interesados”.

DENUNCIA EN LA SEREMI DE JUSTICIA
El municipio tiene un plazo no superior a 60 días hábiles para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República respecto al informe.

En agosto del año pasado, el entonces concejal de Tierra Amarilla, Cristian Palacios, solicitó a la seremi de Justicia una fiscalización a la Cordeta, relacionada con la constitución, los gastos y actos del organismo, según se da a conocer en el informe de Contraloría.

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Fuente: Diario Atacama