La Contraloría solicitó información al municipio respecto al caso, además la autoridad no había incluido su vehículo en la declaración de patrimonio.
.

La municipalidad de Tierra Amarilla puso término a dos contrataciones efectuadas, ya que ambas personas eran familiares del concejal de esa comuna, Boris Pérez.

Hubo una denuncia efectuada por la concejal Liliana Cortés en la Contraloría General de la República, en el documento se informaba de la contratación de dos tíos de Boris Pérez. Además, se daba a conocer al órgano fiscalizador que Pérez habría omitido información en su declaración de intereses y patrimonio, esto porque no incluyó el vehículo de su propiedad en el que sufrió un accidente en agosto en el sector del puente Ojancos. Por ello, la denunciante señala que el concejal «habría vertido versiones contradictorias respecto al relato de los hechos, frente a la autoridad policial y en una red social» y para ella esto a su juicio implicaría una vulneración al principio de probidad».

El municipio informó a la Contraloría que existía el vínculo de consanguinidad con el mencionado concejal y por ello «se procedió a poner término a las contrataciones de esos servidores, mediante decretos alcaldicios». Además, se instruyó un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas que de ello se deriven.

Respecto a la declaración de intereses, «se tomó contacto con el concejal a fin que actualice la información contenida e su declaración de intereses y patrimonio, lo que fue cumplido (…) en relación con el accidente de tránsito, informa que se le ha solicitado mediante correo electrónico una explicación de los hechos, la que efectuó el 26 de septiembre, agregando que las publicaciones efectuadas por él en una red social privada se enmarcan dentro del ejercicio de la libertad de expresión».

Los antecedentes se remitieron a la División de Auditoría de la Contraloría General de la República, para los fine que se estimen pertinentes.

Finalmente, respecto a la solicitud para establecer si la «conducta del concejal en relación al accidente de tránsito, pudo implicar una vulneración de las normas de probidad administrativa (…) no tienen carácter de funcionarios municipales, y por ende, no están afectos a responsabilidad administrativa». Agrega que «la determinación de si sus actuaciones han podido significar una contravención grave al principio de probidad le corresponde al tribunal electoral respectivo».

Diario Atacama intentó contactarse con el concejal Boris Pérez para conocer su versión de los hechos, sin embargo no logramos conocer su opinión con él.

.

Fuente: Diario Atacama / Pamela Vásquez Fuentes