Osvaldo Delgado Quevedo fue imputado por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

El alcalde suspendido de Tierra Amarilla quedó en prisión preventiva luego que la Fiscalía de Atacama, en el marco de su política regional de persecución penal de delitos de corrupción, lo formalizó la investigación por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, solicitando esta medida cautela, a la que accedió el juez de turno, ordenando su ingreso a la cárcel local fijando además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Mientras que los otros tres imputados, quienes no se presentaron a la audiencia, serán notificados para una nueva cita fijada para el 30 de mayo en el mismo Tribunal.

Estas investigaciones surgieron a partir de un informe elaborado en el año 2016 por la Contraloría Regional respecto de distintas actuaciones que se detectaron en la municipalidad de Tierra Amarilla.

De acuerdo a lo conocido en la audiencia, ese año se constituyó en esta comuna la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta), cuyo directorio estaba encabezado por el alcalde de la época, actualmente suspendido de sus funciones, además de otros dos funcionarios municipales e imputados en estos hechos.

La investigación de la Fiscalía, como primer término, indagó el irregular nombramiento de la secretaria ejecutiva de la Cordeta, cargo en que fue designada la cuarta imputada en este caso y quien es sobrina del alcalde imputado. Nombramiento que contravino lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, por su parentesco.

Paralelamente, desde el municipio de la mencionada comuna se concretó el traspaso de un monto de 250 millones de pesos a la Cordeta, cuyo origen del dinero correspondía al presupuesto anual de dicha municipalidad para ese año.

Según lo detallado por la Fiscalía en la audiencia, en el mes de marzo del año 2016, la Cordeta firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa Likar SpA por un monto de $214 millones por el plazo de diez meses, el cual se refería a servicios de aseo, seguridad y apoyo técnico y soporte informático. Contratación que no se enmarcó al convenio entre la municipalidad y Cordeta, ya que los aportes traspasados sólo podían tener fines específicos y con beneficios para la comuna, en el ámbito cultural y productivo. Pudiéndose establecer que el giro de dicha empresa, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, correspondía a “obras menores” y “servicios de comida preparada”. Estableciéndose que la dirección de funcionamiento informada por dicha entidad, correspondió finalmente a un sitio eriazo de la comuna de Tierra Amarilla. Determinándose que el propietario de la empresa, uno de los imputados en esta causa, era un ex funcionario de la municipalidad y ex socio de la Cordeta.

Finalmente, el tercer hecho investigado en este caso, estuvo relacionado con que la empresa indagada contrató, a petición del alcalde de la época, a ocho de sus familiares directos, quienes prestaron declaración ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que apoya la investigación de este caso, manifestando que no firmaron ningún documento contractual y tampoco recibieron liquidaciones de sueldo, mientras que sus pagos eran obtenidos en dinero en efectivo y en sobres cerrados. Empleados de quienes no se ha logrado aún establecer qué tipo de servicios llevaron a cabo.

Cabe consignar que en este caso el Consejo de Defensa del Estado actúa como querellante.

.

Fuente: soychile.cl/Copiapo